La Escuela Pública es el Estado en cada uno de los rincones de la Argentina. En medio de una crisis económica y social que avanza, cabe preguntarse cómo pueden dar respuestas las instituciones educativas si en muchos casos no cuentan con la infraestructura necesaria para llevar adelante las tareas propias de su función, y con salarios docentes que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
Hay provincias que pagan sueldos que están por debajo de la lÃnea de pobreza y en la mayorÃa de los distritos se registran pérdidas del poder adquisitivo que se ubican entre el 20 y el 40 %. Hoy más de dos tercios de las provincias están en conflicto porque no pudieron llegar a un acuerdo salarial. Todo esto en el marco de un Gobierno nacional que abandonó el financiamiento educativo.
La ley 26.075, de Financiamiento Educativo, que impulsó Néstor Kirchner en 2005 y se aplicó a partir de 2006, obligaba al Estado en su conjunto, tanto al Nacional como a las provincias, a invertir el 6% del producto bruto interno en Educación.
Más de dos tercios de las provincias están en conflicto porque no pudieron llegar a un acuerdo salarial
Llegar a ese porcentaje fue una meta que se empezó a trabajar con un Estado nacional que volvió a invertir en materia educativa. Es importante recordar que el menemismo transfirió todas a las provincias, desprendiéndose de su responsabilidad de financiar la educación.
Esa norma se implementó de manera paulatina y en 2015 se llegó a ese 6,1% de inversión en educación, de los cuales, 4,5 los ponÃan las provincias y el y 1,6 restante, el Estado nacional que financiaba la construcción de escuelas, programas, entregaba material didáctico, libros, computadoras y aportaba el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que conformaba parte del salario.
La inversión se mantuvo en torno al 6%. Es más, en 2023, antes de las elecciones, la CTERA impulsó un proyecto para elevarla al 8% del producto bruto interno.
Con el gobierno de Milei, en 2024 y 2025 el porcentaje se redujo casi a la mitad de la cifras de 2015. La catástrofe no es sólo salarial y se expresa en toda la inversión educativa.
Con la última en la última Ley de Presupuesto se derogó la 26.075, lo que representa la excusa que el gobierno de Milei buscaba para desentenderse de su responsabilidad. Ese accionar del Congreso, que “liberó” al Poder Ejecutivo nacional de semejante obligación, pasó sin la repercusión que merecÃa.
La catástrofe no es sólo salarial y se expresa en toda la inversión educativa
Lo próximo que buscará el oficialismo es deshacerse de toda responsabilidad y para ello intentarán imponer una ley que adjudique a las familias la obligación de garantizar la educación de sus hijos para que, como declaró el diputado de LLA Alberto Benegas Lynch, los padres tengan la libertad de decidir si llevan a los chicos y chicas a estudiar o si los mandan a trabajar.
Este camino envÃa a la Escuela Pública hacia una enorme catástrofe y parece que la sociedad no se está dando cuenta.
Como en la década del 90, hay una crisis que se expresa en el cierre de empresas y despidos masivos. En aquellos años, la escuela era el último espacio para contener muchos de los problemas que padecÃan las familias. Hoy, las instituciones educativas están atravesadas por las mismas polÃticas que generan el industricidio, lo que las aleja de poder contener los efectos de la crisis.
Hoy, las instituciones educativas están atravesadas por las mismas polÃticas que generan el industricidio
La expectativa es que no sea tarde cuando algunos diputados y senadores que avalan el desguace se den cuenta de que es necesario volver a financiar la Escuela Pública.
El debate necesario gira en torno a cómo generar una nueva Ley de Educación que garantice el financiamiento y ponga en valor a la Escuela Pública, que no puede estar sumergida en la pobreza.
