El Consejo de Ministros de Italia, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, aprobó un decreto-ley que redefine de manera drástica las pautas de integración cultural y lingüística en el sistema educativo.
La iniciativa establece un tope del 30% por aula para estudiantes sin un dominio fluido del italiano, veta el uso en las escuelas de prendas que oculten el rostro, tales como el burka y el niqab. Además establece un régimen de multas para las familias que incumplan estas medidas que ya generaron polémica con la oposición política y los sindicatos docentes.
El gobierno italiano, a través del ministro de Educación, Giuseppe Valditara, defendió la iniciativa argumentando que el objetivo central es evitar la creación de espacios aislados dentro del alumnado y garantizar la igualdad de condiciones pedagógicas mediante un dominio homogéneo del idioma oficial.
LOS EJES CENTRALES DEL DECRETO
Capacidad lingüística y cupo por aula: El decreto establece que las instituciones educativas no podrán superar un 30% de alumnos por clase con “deficiencias comprobables en el idioma italiano”. Quienes excedan este margen deberán ser distribuidos en otras divisiones o derivados a centros cercanos. Para aquellos estudiantes que lo requieran, prevén el acceso a cursos gratuitos de nivelación idiomática que, en ciertos casos, involucrarán también a sus tutores.
Prohibición de prendas: Se prohíbe explícitamente el ingreso con el rostro cubierto a las aulas, actividades extraprogramáticas y reuniones de familias en el ámbito escolar. La medida alcanza a prendas religiosas tradicionales como el burka o el niqab. Quedan exceptuadas únicamente las razones de salud o seguridad debidamente justificadas.
Sanciones y ausentismo: El incumplimiento de la restricción de vestimenta o la negativa a asistir a las instancias de refuerzo lingüístico conllevará multas de entre 200 y 1.000 euros. Además el gobierno advirtió que la inasistencia a clases como protesta ante la prohibición se encuadrará en la ley contra la deserción escolar, que prevé penas de hasta dos años de prisión.
LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN: "UNA HERRAMIENTA PROPAGANDÍSTICA"
Desde el arco político opositor, la reacción contra la normativa fue inmediata y contundente, acusando al Gobierno de utilizar la educación con fines electorales.
La secretaria general del Partito Democratico (PD), Elly Schlein, calificó la medida aprobada como “vergonzosa”, señalando que la gestión de Meloni prefiere convertir a las escuelas en un terreno de confrontación ideológica antes que destinar presupuesto real a la inclusión y al fortalecimiento del sistema público.
Nicola Fratoianni, líder de Alleanza Verdi e Sinistra, catalogó al decreto como una “bandera ideológica y propagandística” y sostuvo que el establecimiento de límites porcentuales y la imposición de multas no resuelven las brechas de aprendizaje, sino que discriminan a los sectores más vulnerables y vulneran el principio constitucional de acceso universal a la educación.
Por su parte, referentes del Movimento 5 Stelle (M5S), encabezados por Giuseppe Conte, denunciaron que el texto funciona como una cortina de humo para ocultar la falta de inversión en infraestructura y la escasez de docentes de apoyo.
LA POSTURA DE LOS SINDICATOS DE DIRECTIVOS
En el plano operativo, las organizaciones que representan a los conductores de los establecimientos educativos expusieron una seria preocupación por la factibilidad práctica de la norma en el día a día escolar.
Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Escuela (ANP), remarcó que, si bien el fortalecimiento de la lengua italiana es un objetivo deseable, la implementación del cupo del 30 % resulta de “difícil aplicación”.
Giannelli advirtió sobre la realidad demográfica de muchas periferias urbanas: “En escuelas de barrios con alta concentración de población migrante no podemos mandar a los niños a otra parte ni obligar a las familias a desplazarse kilómetros”.
Más categórico fue Attilio Fratta, presidente del sindicato de directivos Dirigenti Scuola, quien tildó la medida de “propagandística e irrealizable”.
Fratta cuestionó la viabilidad de reestructurar las matrículas con las clases ya en marcha y enfatizó que, sin una asignación presupuestaria extraordinaria para contratar personal especializado en la enseñanza del italiano como segunda lengua, el decreto correrá el riesgo de convertirse en una mera formalidad sobre el papel.
