El gobierno festejó tibiamente la apelación concedida por la justicia ante el fallo del juez Martín Cormick que esta semana ordenó la aplicación del financiamiento universitario, aunque el magistrado aclaró expresamente en su fallo que a pesar de la apelación "la medida cautelar que ordena proteger el financiamiento continúa plenamente vigente".
Tras la presentación del Ejecutivo contra el fallo que declaró inconstitucional el decreto que condicionaba los fondos, la disputa pasará ahora a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en la antesala de una nueva Marcha Federal que se realizará el próximo jueves 15 de octubre.
El recurso de apelación presentado por el Estado nacional busca revocar la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de un artículo clave del Decreto 759/2025 y ordenado el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.
El centro de la controversia gira en torno al Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno nacional promulgó formalmente la ley pero supeditó su aplicación práctica a que el Congreso de la Nación determinara de manera expresa las fuentes de recursos y modificara las partidas correspondientes dentro del Presupuesto nacional.
En su escrito de apelación, el Ejecutivo argumentó que una decisión judicial no puede sustituir el procedimiento presupuestario ni ordenar la ejecución de un gasto sin respaldo legal disponible, señalando que la sentencia redujo el análisis a una lectura aislada e irrazonable de las normas de administración financiera.
Por su parte, las demandas impulsadas por instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron sobre el ahogo financiero que atraviesan facultades, hospitales escuela y dependencias científicas a raíz de la falta de actualización de los gastos de funcionamiento, salarios docentes y becas estudiantiles.
A pesar de haber concedido el recurso interpuesto por el Ministerio de Capital Humano, el magistrado aclaró expresamente que la medida cautelar que ordena proteger el financiamiento continúa plenamente vigente mientras la Cámara analiza el expediente de fondo.
Este traspié judicial y administrativo ocurre en un clima de alta ebullición política. La comunidad académica, gremios docentes y agrupaciones estudiantiles mantienen un plan de lucha sostenido y se preparan para una masiva movilización hacia el Congreso en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria.
La resolución que adopte próximamente la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal será determinante no solo para definir el rumbo del presupuesto asignado al sector durante el corriente ciclo lectivo, sino también para calibrar el alcance de los margenes de gestión económica que el Poder Ejecutivo posee frente a leyes con impacto fiscal aprobadas por el Parlamento.
