El gobierno porteño hizo cambios en el Estatuto que rige la actividad docente en CABA y los presentó como “una mejora en la formación, el desempeño y la estabilidad en las aulas”. Las organizaciones sindicales rechazaron las modificaciones por considerar que representan un avasallamiento a la carrera y los derechos de maestros y profesores.
Apenas dos días antes del comienzo del receso invernal, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri firmó junto a su ministra de Educación, Mercedes Miguel, el Decreto 256/26, con el que cambia la reglamentación del Estatuto Docente de CABA.
Mediante una carta dirigida a las familias de los estudiantes de CABA, la ministra Mercedes Miguel presentó las cinco modificaciones centrales que entrarán en vigencia a partir del ciclo lectivo 2027.
Con títulos que prometen mejoras en el sistema educativo, la comunicación enviada por Miguel por correos electrónico promete “Equipos docentes más estables”, con tiempos mínimos de permanencia en los cargos; “Más valoración de la formación continua”, con eje en la “valoración de los posgrados y capacitaciones vinculadas con la enseñanza”; “Jerarquización de la carrera directiva”, para lo que incorporan el presentismo como condición para acceder a calificaciones positivas en el concepto docente; y “Reordenamiento del régimen de licencias”, mediante una serie de limitaciones que no fueron consensuadas con las distintas representaciones gremiales.
Sin anímo apartene de conciliar posiciones, el Gobierno de la Ciudad salió a promiocionar la reforma con una consigna provocadora: "Se acabaron los kioscos pedagógicos en la Ciudad", publicaron en las redes sociales oficiales.
El Jefe de Gobierno fue un paso más allá: "Los buenos maestros vuelven a ser reconocidos. Eso tamnbién es ordenar", posteó usando la misma línea publicitaria de "LEY Y ORDEN" que emplea para promocionar desalojos de "okupas y manteros".
LOS CAMBIOS
Los cinco ejes sobre los que gira la modificación a la reglamentación vigente son:
- El establecimiento de una antigüedad mínima de dos años como titular en una escuela para poder estar en condiciones de pedir un traslado. Se incorporan criterios de prioridad para acceder a cargos en favor de quienes ya se estaban en el establecimiento.
- Quienes aspiren a concursar cargos de conducción o supervisión deberán contar, además del título docente, con una licenciatura en Gestión Educativa o un título universitario equivalente.
- En relación a la evaluación que se realiza cada año por parte de las autoridades de cada establecimiento, el Ministerio de Educación elaborará una nueva grilla que incorporará la asistencia como una variable central. Así, para alcanzar una calificación “Sobresaliente” o “Muy Buena” habrá que acreditar una asistencia mínima del 90%.
- En relación a las licencias administrativas, se mantendrán los 28 días anuales, pero las ausencias justificadas por razones particulares se contabilizarán por agente y no por cargo, con un máximo de seis solicitudes al año. Además, la licencia por examen para carreras terciarias y universitarias se reducirá de cinco a tres días consecutivos.
- En cuanto al sistema de puntaje, la nueva reglamentación elimina tres categorías: la de antecedentes pedagógicos (seis puntos), otros antecedentes (seis puntos) y la bonificación por permanencia (tres puntos).
RECHAZO DE LOS SINDICATOS
Las organizaciones con representación gremial rechazaron los cambios señalando de inmediato el carácter unilateral de la medida y denunciaron que, en los hechos, se trata de medidas que buscan disciplinar a los docentes que podrían ver afectadas sus carreras en caso de enfermarse, usar determinadas licencias o ejercer el derecho de huelga.
Plantear la necesidad de profesionalizar a quienes están en las aulas y al mismo tiempo limitar el acceso a licencias es en los hechos una contradicción que señalan desde las organizaciones.
Desde la Unión Argentina de Maestros y Profesores (CAMyP) expresaron su rechazo a los cambios y aseguraron que “el Ministerio de Educación avanza contra la trayectoria docente, desvalorizando la experiencia, la antigüedad y la construcción de la carrera profesional”.
La conducción de CAMyP también sostuvo que “la carrera docente debe reconocer la experiencia, valorar el mérito y la trayectoria docente” y consideró que las modificaciones introducidas por la gestión de Macri “hacen exactamente lo contrario: recortan derechos, reducen oportunidades y generan más incertidumbre para quienes sostienen la escuela pública todos los días”.
La Corriente de Trabajadores de la Educación, sector opositor a la conducción de UTE-CTERA, rechazó de manera tajante la reforma “inconsulta” del Estatuto. “Eso que llaman modernización es un ajuste en nuestras condiciones de trabajo y una desinversión en la escuela” sostuvieron.
Al referirse puntualmente a la incorporación del presentismo a las condiciones necesarias para acceder a valoraciones positivas en el concepto que cada año se asienta en los cuadernos de actuación de cada docente, la CTE consideró que la medida “no es un premio el desempeño sino que penalización de las tareas de cuidado” y una desventaja para “las docentes que maternan o cuidan familiares”.
La conducción de la UTE publicó en sus redes el rechazo a la resolución por “excluir del debate la voz de quienes sostienen diariamente las escuelas”.
La Unión Docentes Argentinos (UDA) sumó "su más enérgico rechazo al decreto 256/26" y a "toda reforma inconsulta que vulnere derechos laborales".
Por su parte, desde Ademys rechazaron y repudiaron la medida por considerarla “un ultraje a los derechos de las y los trabajadores de la educación”, y la definieron como generadora de “más disciplinamiento”. Finalmente exigieron al gobierno porteño que dé marcha atrás con la medida.
